El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, ratificó este sábad que el Gobierno vetará las leyes recientemente aprobadas por el Senado, entre ellas el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. 

“No se puede hacer magia con los números”, subrayó Francos en diálogo con Radio Rivadavia, al argumentar que el aumento del gasto público compromete los pilares del programa económico que impulsa la administración de Javier Milei.

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El ministro atribuyó la aprobación de estas medidas al contexto político previo a los comicios: “Estamos en el mes de julio, a tres meses de las elecciones nacionales. Obviamente, en periodo electoral cada sector hace su juego”, expresó. En ese sentido, señaló que algunos gobernadores decidieron cerrar filas con sectores opositores en rechazo a la estrategia de La Libertad Avanza, lo que facilitó el avance de proyectos promovidos por el kirchnerismo.

Medidas de ajuste y superávit fiscal

Francos defendió las políticas de ajuste implementadas desde el inicio de la gestión, como la reducción de más de 50.000 cargos en la administración pública y la eliminación o fusión de organismos estatales. “Todo lo posible para la tarea de desregulación y reforma del Estado”, aseguró. Gracias a estas decisiones, destacó, se logró alcanzar un superávit equivalente a más de 1,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

En esa línea, reiteró que el equilibrio fiscal “no es un fin en sí mismo, sino la condición para una economía sana y para evitar el alza en la inflación”. Y agregó: “La inflación viene en una línea absolutamente descendente. Cuando uno baja la inflación, baja la pobreza”. Según sus cifras, la pobreza cayó del 53% en diciembre al 30% en la actualidad, mientras que la economía registró un crecimiento del 6% en lo que va del año.

El funcionario fue especialmente crítico con los proyectos que plantean nuevas moratorias previsionales o asignaciones en áreas sensibles como la discapacidad, al considerar que “contribuyen a desequilibrar las cuentas públicas”.

Por eso, reiteró que el Gobierno vetará estas iniciativas. “No se puede repartir lo que no se tiene”, enfatizó. A su vez, remarcó que los problemas estructurales del sistema previsional derivan de la elevada informalidad laboral y la presión impositiva, lo que hace inviable sostenerlo sin aportes genuinos.

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También planteó que la solución a estos desequilibrios no llegará de forma inmediata: “La solución tiene que ser gradual y ligada a la mejora en la organización política y económica del país”. En este marco, defendió la necesidad de que los beneficiarios de prestaciones sociales hayan realizado los aportes correspondientes y anunció que se intensificarán los controles para auditar y eliminar posibles irregularidades.

Por último,  sostuvo que en la sociedad argentina se está consolidando “un cambio de cultura económica” que valora la importancia del equilibrio fiscal como condición indispensable para el desarrollo. En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá su política central orientada a preservar el orden en las cuentas públicas.